El espionaje en Querétaro, data desde el gobierno de Ignacio Loyola

Por Armando Guerra

Querétaro, Qro.- 23 junio de 2017.-El espionaje contra periodistas, activistas de derechos humanos y líderes sociales de Querétaro, se viene dando desde el gobierno del panista Ignacio Loyola Vera, hasta el mandato del priísta José Calzada Rovirosa, así lo denunciaron en su momento reconocidos  comunicadores.

Durante el mandato de Ignacio Loyola Vera el periodista Javier Portilla de la entonces prestigiada revista nacional “Quehacer Político” documentó en un amplio reportaje la manera en que se “espiaba” a los periodistas queretanos a través de una Unidad Especializada de “Espionaje” que operaba con instalaciones propias y elementos policiacos dentro de la entonces Secretaria de Seguridad Pública del Estado.

En aquel reportaje el reportero aseguraba que varios policías estatales se dedicaban a vigilar a los periodistas en sus casas, en su trabajo y tenían una “bitácora” de lo que realizaban en todo un día.

El reportero aseguraba en su  reportaje que dentro de la Secretaría de Seguridad Pública  del Estado (hoy Secretaría de Seguridad Ciudadana) se capacitaba a los policías en materia de espionaje dentro de un área conocida como “Estado Mayor” área que siempre ha existido en esta Secretaría y la cual se dedica a realizar actos de espionaje con elementos vestidos de civil.

Luego de aquel reportaje, el periodista Javier Portilla recibió toda clase de persecuciones y presiones políticas, al grado tal de que los cuerpos policiacos al mando del gobernador en turno Ignacio Loyola lo mandaron detener por una “simple falta administrativa”.

Equipo de espionaje de José Calzada 

El espionaje contra periodistas y líderes sociales cada vez se ha ido modernizando en Querétaro,  al grado tal de que en el gobierno del priísta José Calzada Rovirosa se adquirió un equipo moderno y funcional con la más alta tecnología para “espiar” dirigentes, activistas y periodistas.

A la llegada del gobierno de Francisco Dominguez Servién se puso al descubierto la existencia de un equipo de “espectro de análisis inalámbrico”, el cual habría  sido utilizado para intervenir llamadas telefónicas.

Aquel equipo era operado por personal de la Dirección de Investigación del Delito de la  entonces Procuraduría General de Justicia, fue adquirido en junio de 2011 a una empresa de origen Israelí y el  cual tuvo un millonario costo de 15 millones 900 mil pesos.

El equipo estaba acondicionado a una camioneta Chevrolet de modelo 2013 y era operada por agentes “especiales” al mando del entonces titular de la DID Gabriel Gómez Martínez quien fue enjuiciado por este y otros delitos al no comprobar su origen de procedencia y actividad a realizar.

El equipo según era utilizado para “espiar” e intervenir llamadas telefónicas de varios líderes sociales, – incluyendo a periodistas-. Durante el proceso de entrega recepción, personal de la pasada administración dejó abandonada la “camioneta del espionaje” , pero sin proporcionar mayor información como el manual o la bitácora de uso, así como los mandamientos judiciales que permitan justificar el gasto o empleo de este equipo.

El espionaje de Francisco Domínguez 

Durante la actual administración de Francisco Domínguez Servién el Secretario de su gobierno Juan Martin Granados Torres junto con su hermano el Secretario de Seguridad Ciudadana, decidieron crear una Unidad de “Policía Cibernética” con el fin de tener una mayor vigilancia en contra de los dirigentes y líderes de opinión que atacan al gobierno desde las redes sociales, pues lo que se pretende es  mantener un control de lo que se pública en redes y perseguir a activistas y periodistas que critican al gobierno.

La policía cibernética creada por el monopolio Granados-Torres, ha inventado delitos contra líderes sociales y periodistas, al grado tal de que ya lleva registrados tres casos de “personas” que cometen, según ellos, delitos como “apología del delito y sedición” , pues supuestamente a través de redes sociales se está llamando a cometer delitos contra el estado y el gobierno, pero lo que realmente sucede es que con ello se trata de una persecución y represión política.

La policía cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana  a cargo de Juan Marcos Granados también se viene dedicando a crear cuentas falsas para estar “espiando” lo que publican los periodistas y activistas de derechos humanos en las redes sociales de Querétaro.