Vía Proceso
OAXACA, OAX., agosto 12 de 2020.- El Congreso local hizo un exhorto a la Fiscalía General de la República (FGR) para llevar ante la justicia al exgobernador Ulises Ruiz Ortiz y a los demás responsables intelectuales y materiales de la represión de 2006 y 2007.
En el punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, aprobado este miércoles, los diputados y diputadas piden al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, iniciar de oficio las investigaciones por las “graves violaciones a los derechos humanos” que se cometieron en ese entonces.
El llamado de la representación popular busca llevar ante la justicia a los responsables de las ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada, detenciones arbitrarias, tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, así como violaciones al debido proceso y crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado Mexicano.
La demanda retoma lo evidenciado en el informe: “¡Ya sabemos! No más impunidad en Oaxaca”, emitido por la Comisión de la Verdad de Oaxaca (CVO), que concluye que el Estado violó de manera masiva y sistemática derechos humanos como la presunción de inocencia, los relacionados con el debido proceso y las garantías judiciales.
De acuerdo con el documento, existen elementos para señalar como responsables al entonces gobernador Ulises Ruiz Ortiz, al exprocurador Evencio Nicolás Martínez Ramírez y también al exsecretario de Protección Ciudadana, Sergio Segestre Ríos.
De igual manera, al exdirector de la Policía Ministerial Estatal, Daniel Camarena Flores, y al coordinador de Seguridad, Vialidad y Tránsito municipal, Aristeo López Martínez (ejecutado), como los responsables de una serie de agravios que incluyen tentativa de homicidio calificado, abuso de autoridad, trato cruel, inhumano y degradante.
Órdenes de aprehensión libradas el pasado jueves 6 contra el exprocurador de Justicia de Oaxaca, Evencio Nicolás Martínez Ramírez; el exdirector de la Policía Judicial, Daniel Camarena Flores, así como dos comandantes y cuatro elementos en activo de la Agencia Estatal de Investigaciones, por su probable participación en la desaparición forzada, en mayo de 2017, de los integrantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR), Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez.
De acuerdo con los demandantes, la aprehensión de ocho servidores públicos marca un parteaguas en el sistema de justicia mexicano, en el contexto para castigar los crímenes cometidos por el propio Estado, sin embargo, faltan otros actores como el exgobernador priista Ulises Ruiz Ortiz.
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