Embargan “Residencial Balvanera” para garantizar multa a la PROFEPA

Por Voz Imparcial

QUERETARO, QRO.- 27 Febrero de 2017.- La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informa que un juez federal ordenó el embargo por 48 millones de pesos y 86 hectáreas de terreno a la empresa “Residencia Balvanera”, para garantizar el pago de la sanción económica judicial demandada por la Profepa de conformidad con la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.

En agosto de 2012, la empresa Residencial Balvanera  informó a la Semarnat que realizaría actos de remoción de vegetación forestal en un predio ubicado en Querétaro, solicitando autorizaciones federales en materia de impacto ambiental y de cambio de uso de suelo en terrenos forestales.

En diciembre del 2013, meses después de haber solicitado autorizaciones forestales, la empresa se desistió del trámite de la autorización que implicaría un importante pago compensatorio al Fondo Forestal Mexicano. A pesar de ello se llevaron a cabo las obras del proyecto en violación a la legislación ambiental.

Por tal razón, la Profepa practicó visitas de inspección al desarrollo ubicado en el municipio de Corregidora, Querétaro, encontrando que las actividades inmobiliarias ya habían iniciado sin permiso, sin realizar un programa de rescate y reubicación de especies de la vegetación afectada y sin pagar medidas compensatorias, por lo que se ordenó la suspensión total temporal del proyecto. A pesar de estas acciones necesarias para proteger el medio ambiente, la empresa optó por desacatar dicho mandamiento, continuar y concluir la ejecución de las obras en el sitio inspeccionado, iniciando la comercialización de departamentos y lotes construidos en el predio.

La Profepa ha iniciado dos procedimientos de inspección federal, uno en materia forestal y un segundo en materia de impacto ambiental.

En cumplimiento al deber de denuncia previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Profepa dio vista al Ministerio Público especializado quien investiga la posible comisión de delitos federales contra el ambiente, así como querellas por delitos que atentan en contra de la gestión ambiental. Dichos delitos prevén sanciones de hasta doce años de prisión.

Ante el reiterado incumplimiento de la inspeccionada y el desacato a las medidas de seguridad ordenadas, en noviembre de 2016, la Profepa aplicó el Protocolo de Responsabilidad Ambiental previsto para casos de actos ilegales, dolosos, que producen daño en grave desacato a las determinaciones de la autoridad administrativa, ejerciendo una acción judicial de responsabilidad ambiental. La demanda fue admitida por el Juez Primero de Distrito con residencia en el Estado de Querétaro.