Por Valentín Ruíz
PACHUCA, HGO., 21 de julio de 2020.- El pasado viernes 17 del presente mes de julio se presentó una manifestación pacífica, realizada por Defensores de Derechos Humanos de la Organización de la Sociedad Civil, Consejo Internacional de Derechos Humanos (CIDH) y miembros de la Red Nacional de Defensores de Derechos Humanos, afuera del Centro de Readaptación Social de Pachuca, Hidalgo.
Alrededor de las 11 de la mañana, decenas de personas se dieron cita a la entrada de dicho Centro de Readaptación para exigir un proceso justo, equitativo, apegado a la legalidad, en el que se garanticen los Derechos Humanos al Ing. Cipriano Charrez Pedraza, el cual se encuentra privado de su libertad desde Septiembre de 2019 y al que la Fiscalía de Hidalgo ha sujetado a 2 procesos, que de acuerdo a las posturas de distintos defensores de derechos humanos de la CIDH CONSEJO INTERNACIONAL DE DERECHOS HUMANOS, están plagados de inconsistencias y en los que se observa, la saña con que se pretende sepultar a un defensor de los derechos de los pueblos indígenas, a un luchador social, a un hombre que se ha levantado de las condiciones de marginación en que viven miles de familias en Hidalgo, y logró ser un hombre de Ciencias, un Ingeniero que regresó a sus raíces para cambiar la vida de miles de personas, acercando servicios básicos, de salud y alimenticios, dignificando su vida y otorgando herramientas de crecimiento social y económico a los más marginados del País.
Es muy importante no perder de vista que de acuerdo a las versiones de familiares de otros presos que están internados en éste reclusorio, las condiciones inhumanas que se viven dentro deben darse a conocer a la opinión pública, ya que de acuerdo con el Secretario de Seguridad Pública del Estado, Mauricio Delmar Saavedra, el Estado “gasta más de 150 millones de pesos anuales en presos” y menciona en una entrevista al medio de comunicacción “La Silla Rota” del 14 de Septiembre de 2019, hay más de 4 mil personas privadas de su libertad. Lo que es preocupante, ya que de acuerdo a las familias de los presos, son ellas las que deben traer alimentos para sus internos, ya que la comida al interior es raquítica, sin valor nutricional y de pésima calidad. Es obligatorio solicitar al Secretario de Gobierno del Estado de Hidalgo, Simón Vargas Aguilar, que realice un informe detallado de lo que ocurre al interior de los distintos centros penitenciarios del Estado de Hidalgo, desde la perspectiva de los Derechos Humanos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a partir de año 2011.
De acuerdo con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, es preocupante la situación de las personas privadas de la libertad en México y América Latina ya que debe garantizarse la protección de dichas personas, de acuerdo a distintos instrumentos internacionales, que ponen en el centro la dignidad humana.
Las graves deficiencias del Sistema Penitenciario en México, representan un gran reto para el Estado Mexicano, debido a las graves violaciones en materia de Derechos Humanos que se cometen diariamente a personas imputadas, reclusas y/o sentenciadas y que están insertadas en dicho penal. Asimismo y posterior a la importante Reforma Constitucional en “Materia de Derechos Humanos de Junio de 2011”, misma que ha representado un nuevo paradigma en relación a la actuación de todo el “engranaje” de los Reclusorios en México. De acuerdo con el INEGI, en un documento de investigación “Estadísticas sobre el sistema penitenciario estatal en México, publicada en el año de 2017, las cárceles del país están saturadas, el hacinamiento es inhumano, las condiciones en las que viven millones de personas privadas de su libertad son inhumanas.
“La reinsersión social”, debe ser el centro de las acciones gubernamentales, para lograr la integración plena a la sociedad de una persona que ha infringido la Ley. Por lo que es imperante que las autoridades responsables de las políticas penitencias y carcelarias, están obligadas a cambiar radicalmente su actuar para dar paso a buenas prácticas gubernamentales.
