Por Voz Imparcial
QUERÉTARO, QRO., 12 de junio de 2019.- En sesión de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia de la LIX Legislatura, que preside la diputada Verónica Hernández Flores e integran los diputados Miguel Ángel Torres Olguín y Néstor Domínguez Luna, fue aprobado por unanimidad el Dictamen conjunto de las iniciativas de Ley que reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones del Código Penal para el Estado de Querétaro.
La diputada Verónica Hernández, al hacer uso de la voz, expresó que el principal objetivo de estas reformas es contar con un instrumento legal que brinde certeza a la demanda de la población en un tema tan sensible como es la seguridad.
“Siempre comprometidos -dijo- con la ciudadanía en fortalecer un entorno de paz y tranquilidad”, puntualizando que “sin duda, el trabajo coordinado en esta materia, cuidará la integridad y el bienestar de las familias queretanas”.
Expresó que además “se busca castigar a quien amenace con difundir imágenes eróticas de una persona, conducta que podría ser sancionada con una pena de uno a tres años de prisión, considerando que puede aumentarse en tres cuartas partes en caso de involucrar a menores de edad, persona incapaz o persona mayor de 60 años.
Señalando que también se considerará una sanción de 100 a 600 UMAS y por concepto de reparación del daño desde 100 hasta 850 UMAS, brindando herramientas legales que fortalezcan el tejido social.
Por otra parte, la diputada Hernández Flores recordó que hace unas semanas el Poder Ejecutivo del Estado arrancó el programa 10X100, con acciones encaminadas a defender la tranquilidad en Querétaro, por lo que, dijo, la iniciativa busca fortalecer la labor de la Fiscalía General del Estado, así como de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y las corporaciones policiacas como primeros respondientes.
Añadió que la participación de la ciudadanía siempre es fundamental para la detección de cualquier acto delictivo, por lo que también se pretende castigar a quienes tengan conocimiento de que los inmuebles o vehículos de su propiedad están siendo usados para la comisión de un delito y no den aviso a la autoridad. En ese sentido, dijo que “las penas propuestas serían de 1 a 5 años de prisión y con multas de 500 a mil UMAS”.
Asimismo, Hernández Flores destacó que “se busca combatir la manera de operar de los delincuentes, por lo que se propone una normativa que castigue la alteración en la identificación de vehículos, tipificado como delito cuando se sobrepongan placas o alteren las mismas, con sanciones de uno a 5 años de prisión y multas hasta de mil UMAS”.
Destacó también que al ser una prioridad para ellos la preocupación de los ciudadanos en materia de seguridad, “se impondrán penas severas a todos aquellos que se dediquen a la falsificación, portación o comercialización de equipo exclusivo de una corporación policial o de una institución de seguridad”; indicando que se “contemplará a todos los individuos que porten objetos, vestimenta, insignias o equipo de dichas instituciones, con sanciones de 3 meses hasta 5 años de prisión, aplicando multas de 20 a 200 UMAS”.
La diputada Verónica Hernández Flores expresó que aunado a lo anterior, con la finalidad de no permitir la vulnerabilidad del Estado de Derecho, así como fortalecer el trabajo de la Fiscalía General y el de las corporaciones que acuden a la zona de los hechos como primeros respondientes, “se propone adicionar como conducta delictiva la sustracción, destrucción, alteración o daño de actuaciones u objetos relacionados con el lugar de algún hecho delictivo”.
Afirmó que además, “para evitar la manipulación y contaminación de la escena del crimen, que pudiera ser realizada por terceros o por cualquier autoridad que tenga relación con la investigación del delito, procuración o administración de justicia o servicios penitenciarios, es que se establecen sanciones que van de tres a nueve años de prisión, 900 UMAS y hasta un año de trabajo a favor de la comunidad”.
Hernández Flores manifestó que este dictamen también contempla la Ley que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal del Estado en materia de maltrato y crueldad animal, estableciendo “penas que van de los 6 a 12 meses de prisión a quien realice actos de maltrato en contra de animales domésticos, silvestres o ferales” y “contemplando multas de 100 a 300 días o 60 días de trabajo comunitario, propuesta que también habla de todos aquellos que promuevan este tipo de actos”, afirmó la diputada, señalando que en caso de que el animal pierda la vida, se podrían imponer sanciones de 2 a 4 años de prisión, de 300 a 500 días de multa o 150 días de trabajo comunitario.
Participaron como oradores en esta reunión de trabajo, el Secretario de Gobierno del Poder Ejecutivo, Juan Martín Granados Torres; el Fiscal General del Estado de Querétaro, Alejandro Echeverria Cornejo; el Secretario de Seguridad Ciudadana del Estado, Juan Marcos Granados Torres; así como el presidente del Colegio de Abogados Litigantes de Querétaro, Ofir Aragón Nieves, coincidiendo en la trascendencia de estas reformas al Código Penal de la entidad.
Los participantes avalaron y expresaron su conformidad con estas reformas penales, ya que, dijeron, son necesarias para salvaguardar la seguridad en la entidad en beneficio de los ciudadanos, al tener repercusión en los delitos patrimoniales que más agravian a la sociedad, como son robo a casa-habitación, a comercio o industria, de vehículos, todos con violencia o sin violencia, daños, entre otros. Consideraron que con ello, el Poder Legislativo otorgará instrumentos legales para dar certeza jurídica a los ciudadanos sobre los comportamientos que no se permitirán en Querétaro y que las autoridades podrán utilizar como herramienta para sancionar y llevar ante la autoridad judicial a quienes infrinjan la ley.
Estuvieron presentes también los legisladores Jorge Herrera, Beatriz Marmolejo, Leticia Rubio y Gerardo Ángeles; así como los secretarios de Gobierno y de Seguridad Pública del municipio de Querétaro, Apolinar Casillas y Juan Luis Ferrusca, respectivamente; personal de la Fiscalía General, representantes de colegios y barras de abogados del estado, además de funcionarios de las diferentes corporaciones de seguridad en Querétaro.
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