Por Voz Imparcial
QUERÉTARO, 5 de noviembre de 2018.- “Los diputados del PAN exigimos un análisis serio y profundo, para evitar la falta de certeza jurídica, concentración de funciones que inhiban el federalismo y la alteración en el equilibrio administrativo político”, fue el posicionamiento de la diputada Ana Paola López Birlain el dia de hoy en rueda de prensa ante la propuesta de modificación a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Esta mañana de lunes se reunieron con varios medios los diputados federales del GPPAN del estado de Querétaro: Felipe Macías, Sonia Rocha y Ana Paola López Birlain; para dar a conocer la postura del grupo ante tal iniciativa que amenaza con prácticas que llevarían a tener un gobierno controlador, centralista y autoritario que no se detiene con los límites del poder público para buscar imponer su agenda particular.
La diputada Ana Paola aclaró que los argumentos del GPPAN son críticos y propositivos, y obedecen estrictamente a la responsabilidad legislativa que debe señalar con puntualidad los límites del poder público, para garantizar derechos y libertades que propicien condiciones económicas, políticas y sociales de igualdad para todos los habitantes.
Morena llama “equilibrio administrativo” al desmantelamiento de la SEGOB. Esto se traduce en una pérdida de interlocución del gobierno federal, además de debilitar la Seguridad Nacional, puesto que en la iniciativa se mezclan conceptos como seguridad nacional, seguridad pública y seguridad interior. Al quitarle autoridad a la institución encargada del desarrollo político y la gobernabilidad interna del país, queda como una simple imagen decorativa.
Las diputadas y el diputado de Acción Nacional expresaron también la preocupación del GPPAN por la intención de la iniciativa de crear la figura de un supragobernador en cada entidad federativa cuyo titular pretenderá suplantar la voluntad ciudadana buscando ejercer ilegalmente las funciones de gobernadores y alcaldes, demeritando el federalismo.
<
p style=”text-align: justify;”>La diputada López Birlain citó otros dos claros ejemplos, como la modificación de la denominación de la SEDESOL por la Secretaría de Bienestar. En la propuesta se elimina lo relativo al combate a la pobreza de acuerdo con los convenios que desarrolle el Ejecutivo federal con los gobiernos estatales y municipales, con lo que se centralizaría la aplicación de los programas de forma directa a través de los coordinadores estatales. Esta, recalcó la diputada, sería una nueva forma de fortalecer la estructura partidista y el lucro electoral.
En el caso de la Secretaría de Energía, es importante destacar que se resta autonomía a los órganos reguladores, como es la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía, lo que sin duda impactará de forma negativa en los inversionistas, pues da mala señal el que el Secretario de Energía sea juez y parte al mismo tiempo: es el Presidente del Consejo de Administración de Pemex y CFE, y a la vez instruye de manera directa a los órganos reguladores. No habría una figura que regule a los monopolios de forma autónoma.
Los diputados se mostraron abiertos al diálogo y presentaron críticas propositivas, pero se mostraron claros a no dejar pasar esta regresión autoritaria que no redistribuye mejor la función interna del poder ejecutivo, así como tampoco fortalece a los gobiernos locales, entidades federativas, gobernadores ni ayuntamientos.
“La propuesta de reforma requiere de una modificación mayor, acorde a los nuevos tiempos en las materias de seguridad pública, desarrollo social, energía y federalismo” concluyó la diputada enfatizando que se requiere un análisis serio y profundo, para evitar la falta de certeza jurídica, concentración de funciones que inhiban el federalismo y alteración en el equilibrio administrativo.
Al finalizar este tema, se habló también del presupuesto de la UAQ, mismo que ha aumentado un 33% en la administración del gobernador Francisco Domínguez. Los diputados reiteraron con seguridad su compromiso de acompañar a nuestra máxima casa de estudios en la gestión de recursos. La diputada Ana Paola López señaló que el artículo 25 de la Ley de Educación establece en 8% del PIB, el monto anual mínimo que la Federación, las entidades federativas y los municipios deben destinar al gasto en educación pública y servicios educativos.
