Por Armando Guerra
Querétaro, Qro.- 7 agosto de 2017.- En octubre del 2016 recibió el cargo de parte del gobernador del Estado Francisco Domínguez Servién como Presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje en Querétaro, – todo ello a petición y propuesta del Secretario del Trabajo José Luis Aguilera-, inicialmente se le nombró al abogado Abraham Tovar Moreno como encargado de despacho , luego éste designó como servidores públicos a sus amigos y más allegados para poder cerrar el círculo de corrupción dentro de la dependencia.
Abraham Tovar había iniciado como funcionario del gobierno estatal dentro de la Secretaría de Desarrollo Social desde donde lo enviaron a hacerse cargo de la Junta de Conciliación y Arbitraje, pues su otro “amigo” Agustín Dorantes ya no lo quería tener dentro de su área.
Precedido de antecedentes penales, Abraham Moreno llegó a la Junta de Conciliación y Arbitraje a pesar de haber sido enjuiciado años atrás, por un homicidio imprudencial, al atropellar a un transeúnte cuando conducía su auto en completo estado de ebriedad.
Recién arribó a la Junta de Conciliación y Arbitraje, el ahora ex funcionario estatal detenido, resultó sospechoso de la “misteriosa” desaparición de al menos 600 mil pesos que pertenecían a la caja chica de la dependencia.
Luego vino el caso, de cuando un grupo de trabajadores de conocida empresa intentaron crear un sindicato, pero a cambio de otorgarles el registro oficial, les pidió una millonaria cantidad de dinero y es por ello que hoy enfrenta un proceso penal por el supuesto delito de cohecho.
Luego de conocerse de las corruptela de Abraham Moreno, su cargo fue encomendado a Jesús Roberto Francisco González quien está casado con una sobrina del “Jefe” Diego, – una mujer de nombre Liliana Fernández de Cevallos y Castañeda-.
Hoy la Fiscalía del Estado a través de su Unidad especializada en el Combate a la Corrupción, detuvo a Abraham Tovar para que enfrente el delito de cohecho cometido como servidor público, por lo que en las próximas horas se decidirá su situación jurídica.
Según el código de procedimientos penales vigente en el estado de Querétaro en el título de delitos contra el servicio público, el delito de cohecho establece una penalidad de entre 3 meses y 4 años de prisión, aunque cuando se trata de servidores públicos el delito llega a tener una mayor condena.
