Recuento de represiones políticas contra líderes sociales de Querétaro

Por Armando Guerra

Querétaro, Qro.- 12 junio de 2017.- Durante los gobiernos emanados del Partido Acción Nacional  se han registrado las mayores persecuciones y represiones políticas contra líderes sociales, activistas y organizaciones defensoras de los Derechos Humanos.

Fue durante el mandato de Ignacio Loyola Vera cuando se agudizó la represión contra dirigentes que encabezaban movimientos sociales, así ocurrió cuando el líder de la organización FIOZ  Gerónimo Sánchez fue preso por apedrear el camión presidencial que encabezó la comitiva para festejar el del LXXXI Magno Aniversario de Nuestra Constitución Política evento tradicional que se realiza año con año en el Teatro de la Republica.

Durante todo el sexenio, a Ignacio Loyola Vera se le cuestionó duramente por no liberar a aquellos “presos políticos”, se le acusó de encabezar un gobierno intransigente, fascista y autoritario, sus principales detractores salían de la UAQ con la cual también había entrado en graves conflictos por negarle apoyo y presupuesto gubernamental.

Fueron tiempos en que se dio la captura de Juan Juárez Cabrera  “El Cónan” que encabezaba la Unión de comerciantes “Emiliano Zapata”. Aquel dirigente de vendedores fue procesado por los delitos de amenazas, insultos a la autoridad y daños dolosos dentro del expediente 627/96

La lideresa social Rosalba Pineda Ramírez también sufrió la embestida del gobierno panista al ser detenida por cometer un delito menor.

Fue constante la persecución contra los líderes sociales, pues después  fueron detenidos Sergio Razo y Juvenal Jiménez quienes siendo líderes del Movimiento Urbano Popular fueron acusados por los delitos de invasión de calles, resistencia de particulares, amenazas e insultos a la autoridad, delitos que por cierto  fueron penalizados como graves.

Un juez que se apiadó de algunos líderes del FIOZ fue Patricio González Loyola Pérez quien dejó en libertad a José Pulido Bravo, Ángel Valentín y César Islas Pacheco quienes con el depósito de una fianza de 3500 cada uno salieron de la cárcel.

La falta de capacidad para la negociación  y el diálogo, pero sobre todo la novatez del gobernador Ignacio Loyola fueron las causas de que hubiera tanta persecución y represión, ahora la historia se vuelve a repetir en el gobierno del también panista Francisco Domínguez Servién, con los casos de Pablo Gonzalez Loyola y Geronimo Sanchez.

Había quedado atrás aquel  1980 durante uno de los movimientos sociales más importantes de la época moderna en Querétaro, en donde un grupo de estudiantes normalistas realizaron una serie de manifestaciones en la que denunciaron y protestaron por excesos policiacos.

Aquel movimiento lo iniciaron mediante un paro de labores escolares, estudiantes de la normal encabezados por su líder J. Dolores González, el cual encabezó un movimiento estudiantil del que aún se  tiene memoria.

Luego en el mandato de Ignacio Loyola vino la Ley Mordaza aplicada contra la prensa local,  la cual encabezó  el entonces procurador Julio Senties Laborde quien con su  circular No. 3” ordenaba que por ningún motivo se facilitara información del inicio de averiguaciones a los periodistas,  además  iba  precedida y advertida de castigar con corrección disciplinaria al funcionario que no la acatara.

Posteriormente el periodista Javier Portilla de la revista “Quehacer Político”, fue detenido por  el gobierno del estado por incurrir en una simple falta administrativa, pero realmente fue porque descubrió y publicó  que en la  Secretaría Publica del Estado ( hoy Secretaría de Seguridad Ciudadana) existe un grupo de espionaje que cuida los movimientos de líderes sociales y periodistas.

Luego vino la persecución contra Enrique Becerra Arias diputado del PRD a quien acusaban de varios delitos se le acusó injustamente por fraude y despojo por unos terrenos que él mismo había regalado en Pueblo Quieto San Juan del Río

Años más tarde se daría la detención de los líderes del transporte urbano  de FTEQ y SITSA Paulino Campos Castañón y Juan José Juventino Barrios

Quedó atrás el trago amargo que sufrió el bañista de la Fuente de Plaza de Armas Ignacio Jorge Guerra quien fue golpeado por “guaruras” del gobernador y abandonado en un paraje en las inmediaciones de Guanajuato, todo por el simple hecho de protestar al darse un “capuzón” en la fuente pública principal del estado.

“No fue una madriza, fue un golpiza” dijo en forma sarcástica y burlona el gobernador  cuando los periodistas cuestionaron la detención de Ignacio Jorge Guerra.

Pero antes ya había sido perseguida la maestra Cristina Rosas Yescas quien por ser una férrea luchadora de las causas nobles de la sociedad, fue encarcela injustamente por sus ideales políticos y sociales.

Un claro ejemplo de represión política fue cuando el reo  Eustasio Yáñez fue sacado del penal de San Juan del Río para golpearlo en represalia porque había matado en un accidente a  Alejandro García Alcocer quien era uno de los amigos del gobernador Ignacio Loyola cuando se dirigían con sus Harley Davison a la sierra.

Luego al final de aquel mandato vino el injusto desalojo de los ejidatarios  del Ejido de San Pablo donde varios ejidatarios fueron detenidos, golpeados por policías  y encarcelados por el simple hecho de defender sus tierras.