CIUDAD DE MÉXICO, 20 de febrero de 2016.- Empleados de la Secretaría de la Función Pública (SFP) gastan en cenas y comidas lujosas sin que tengan que comprobar en qué se ocuparon los viáticos, ya que sólo se les pide entregar los boletos de avión y recibos de hoteles, revela un reportaje publicado por la agencia de noticias Reuters.

El reportaje firmado por Elinor Comlay y publicado este viernes 19 de febrero, agrega que la SFP sólo tiene registros en papel de los gastos de viaje y los funcionarios sólo deben entregar boletos de avión y recibos del hotel. “Esto significa que una gran parte de los gastos de viáticos de los empleados no se controlan”.

El reportaje indica que la SFP, dependencia encargada de supervisar y rendir cuentas en el Gobierno, “admite que tiene poca idea de cómo sus propios empleados gastan el dinero público en el extranjero”.

La Secretaría comandada por Virgilio Andrade tuvo como primera misión investigar al propio presidente y a su esposa, Angélica Rivera, así como al secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, por haber adquirido propiedades a Grupo Higa, empresa beneficiada con contratos gubernamentales federales.

Luego de la investigación, la SFP concluyó que no había ningún “conflicto de interés”, ante la inquieta duda de quienes observan el gasto excesivo de su personal sin tener un control o sanción.

A esto se suma el informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre la Cuenta Pública 2014, donde se evidenció que no sólo las secretarías de Estado a nivel federal y los gobiernos estatales mantienen adeudos e irregularidades, ya que hasta la compra del avión presidencial Boeing 787 Dreamliner se pone en entredicho por la detección de irregularidades y penalizaciones no cobradas por los constantes retrasos en su entrega.

La ASF advirtió que la Sedena no acreditó que éste haya sido la mejor opción en el mercado. Respecto a los incumplimientos en la entrega, que a la postre reportó un atraso de casi 17 meses, alerta sobre penalizaciones millonarias que iniciaron a partir del 30 de junio de 2014.

La Sedena elaboró el 20 de septiembre de 2014 una segunda acta de incumplimiento por 12 millones 734 mil dólares en la que se señalaron 82 días de atraso.

En ambos casos, el subdirector de Adquisiciones de la Sedena instruyó a
Banobras para iniciar el trámite de penalización correspondiente a fin de que fuera aplicada en la factura final que presentara la empresa citada para que ésta efectuara el pago en caso de que decidiera cubrirla voluntariamente; sin embargo, no se proporcionó evidencia de dicho pago.

A la par de estas cuentas opacas, la impartición de justicia y castigo a la corrupción parece ser nula. La Procuraduría General de la República (PGR) registró miles de averiguaciones previas en 2014 por denuncias de delitos federales especiales como corrupción de servidores o exservidores públicos, pero la mayoría no las investigó aparentemente porque su capacidad humana es insuficiente, por lo tanto no hubo ni sanciones ni condenas.

¿DINERO PARA LA EDUCACIÓN?

Las 31 entidades del país recibieron mil 255 millones de pesos etiquetados para elevar la calidad educativa en preescolares, primarias y secundarias durante 2014. La mala: los gobiernos estatales lo gastaron todo, pero no se sabe en qué.

De acuerdo con la ASF, los estados gastaron 92% de los recursos, mil 170 millones de pesos, sin presentar documentación comprobatoria. Sólo entregaron facturas de 8% de los recursos, pero por gastos como compra de vales de gasolina, artículos deportivos; pago a asesores y organización de eventos.

De las 31 entidades, sólo 8 mostraron comprobación del gasto por 80 millones de pesos, pero se trata sólo de una mínima parte de los recursos que recibieron.

SENADO TAMBIÉN EN LA MIRA: ASF

Mientras el Senado presume su nuevo sistema de contabilidad, la ASF reveló que, en 2014, los legisladores se quedaron con casi 440 millones de pesos de otras partidas para gastarlas a través de sus bancadas.

En total, con la suma de lo que le quitaron a otras asignaciones, las bancadas se gastaron mil 307 millones de pesos. Según el informe, el Senado declaró que no tenía recursos ni para remodelar los cubos de los elevadores.

Sin embargo, la ASF detectó que la supuesta precariedad obedecía a que los legisladores habían tomado 75.4 millones de pesos asignados a “Inversión Pública” para sus bancadas.

SE LES ‘PERDIERON’ 398 MIL PANTALLAS

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) no pudo comprobar ante la ASF qué pasó con 398 mil 775 televisiones digitales compradas para repartir en 2014 con miras al apagón analógico, que “quedaron almacenadas”.

El monto equivalente por estas televisiones digitales perdidas es de 985 millones 636 mil 216 pesos, de los que no se cuenta registro sobre su destino.

‘NORMALES’

» El Gobierno de Veracruz desestimó ayer el informe de la ASF, que ubica a la entidad en primer lugar por manejo irregular de recursos públicos correspondientes a 2014.

» ”Son procedimientos normales que se desarrollan en tiempo y forma, como sucede con todas las entidades, y de acuerdo con el marco legal vigente”, señaló el Gobierno del priista Javier Duarte.

» La ASF agregó que Veracruz aún tiene pendiente por solventar observaciones por un monto de 35 mil 421 millones de pesos, de los cuales 3 mil millones 148 mil pesos son de 2011, 2012 y 2013.

¿IRONÍAS?

» Hilda García, una funcionaria que lucha contra la corrupción en México en la SFP, disfrutó de una cena con champán, caviar y salmón ahumado durante su estancia en Londres, Inglaterra.

» Alejandro Bonilla, otro de los empleados de la SFP, “disfrutó tanto de los calamares, que se comió tres rondas en 24 horas” durante su viaje a Hawái.

» La agencia también cita el caso de Jorge Pulido, quien viajó a Kuala Lumpur y gastó más dinero en “los taxis y comidas durante una escala en Frankfurt, que lo que lo dispuso en su seis días estancia en el hotel en Malasia”.

IMPUNIDAD

» La ASF descubrió que la mayoría de las averiguaciones que abre la PGR por corrupción de exfuncionarios no se trabajan.

» Cada fiscal tiene hasta 35 averiguaciones al año, pero sólo desahoga 11. Cada averiguación cuesta 48 mil pesos.

» Y de las que sí se atienden, apenas la cuarta parte termina “resuelta” y consignada ante un juez y solo el 3.9% concluyó con una sentencia condenatoria.