La Montaña
Oscar Loza Ochoa
SINALOA, 8 de noviembre de 2015.- Hay una necesidad y verdad que no podemos negar: navidad para los desplazados. Son parte de nuestro país y de Sinaloa y aunque permanecen excluidos de los beneficios del desarrollo están allí. Son una masa que crece a cada día y a cada hora, a veces lenta y a veces desesperadamente, pero siempre envuelta en la misma razón violenta. La ola que empuja el desplazamiento, según su propia experiencia, puede venir del bando de la delincuencia o por las acciones del Estado mexicano. A final de cuentas, según los saldos que conocemos, ambas terminan en una historia por demás repetida: exclusión y desamparo social.
No es ni una historia reciente ni son los 281 mil seres humanos que cuentan algunos centros que estudian el fenómeno de los desplazados en los últimos cinco a seis años. Son al menos un millón de mexicanos, cuyas primeras expresiones se remontan a la Operación Cóndor de los años setenta del siglo pasado y que luego se acumulan en otros acontecimientos sociales como la rebelión indígena de Chiapas. La primera conclusión ante el problema de los desplazados es que es un fenómeno no estudiado, al que hemos visto de soslayo y del que desconocemos sus consecuencias más profundas. En otros tiempos nos contentamos con abordar parcialmente el problema: los cholos, el crecimiento violento de algunas ciudades, pero no abordamos el problema de fondo.
Tampoco quisimos detenernos ante los daños que se han provocado a la población desplazada y a la misma sociedad. Sólo los hemos visto pasar con cierta indiferencia, buscando no comprometernos mucho en sus pesares, cargando su fardo de desarraigo geográfico y comunitario, de pérdidas del patrimonio familiar, de daños culturales, de lamentables interrupciones en la formación académica de sus hijos, de lesiones irreversibles en la salud física y mental, de la exclusión y desamparo social. Y, por si ello fuera poco, al alcanzarlos la violencia que los obligó a salir de sus comunidades (en no pocos casos en su nueva residencia) o la indiferencia de la autoridad, la revictimización se convierte en la otra “malaria” que no los deja vivir.
Tomando el ejemplo de la última oleada de desplazados, esa que se generó con el operativo anti Chapo en las cañadas de Tamazula y que recaló en el municipio de Cosalá, no podemos evitar la responsabilidad que le cabe al Estado mexicano, pues la Marina nacional es parte de su brazo armado. Y los daños que ha provocado ese operativo los debe asumir como su responsabilidad el mismo Estado mexicano. No valen excusas de que ello se generó durante acciones legítimas de persecución de la autoridad sobre delincuentes ni tampoco la crisis económica que vive el país. Los daños que provoca el Estado no son responsabilidad de nadie más y él y tiene la obligación de repararlos.
Es hora de que en Sinaloa hablemos de nuevo de números. Sin tomar en cuenta los 100 mil desplazados que generó la Operación Cóndor, por la multiplicación de la violencia a partir de 2008 llegamos a tener unos 25 mil desplazados para el año 2012. Después de esa fecha, los conflictos en diferentes zonas del estado han generado al menos un 10 por ciento más de desplazados, sin contar los aproximadamente mil que ya consideran autoridades municipales que hoy se ubican en Cosalá desde el 6 de octubre pasado. Contemos unos 30 mil desplazados, que han merecido dos sendas recomendaciones a las autoridades y muchas peticiones de ayuda de las víctimas del desplazamiento, que sólo miran con infinita tristeza la falta de compromisos de parte de los gobiernos estatal y federal.
Una tarea que de inmediato deben tomar las organizaciones y ciudadanos conscientes de México y de Sinaloa, es iniciar una campaña que plantee la necesidad de crear las condiciones mínimas económicas y sociales para un regreso seguro de los desplazados a sus comunidades. Una fecha prudente y muy propicia por todo lo que significa para el pueblo mexicano es la navidad. Y la consigna que nos mueva debe ser: navidad para los desplazados en su comunidad.
Y si la crisis económica no puede ser aceptada como razón para dejar en el desamparo social a los desplazados, la falta de voluntad oficial merece una dura sanción moral de parte de la sociedad. La reiterada negativa a resolver el problema de los desplazados, a crear las condiciones de un regreso digno, obliga a preguntar, ¿qué razones puede dar la autoridad para no contar con programas que enfrenten exitosamente el regreso digno de los desplazados? Interrogante imprescindible si no podemos garantizarles una vida digna en los lugares que ahora ocupan. En pocas palabras, ninguna crisis puede justificar el incumplimiento de las obligaciones de la autoridad con el sector de los desplazados o impedir el despliegue de un amplio abanico de acciones de solidaridad. Navidad para los desplazados en su comunidad. Vale.
